Por Rosario Maríñez
La controversia que ha originado la propuesta para despenalizar el aborto en el DF, ha sacado a flote la histórica confrontación que la derecha ha librado en este país para quitarle terreno a la laicidad del Estado. Lo que hoy se discute en la Asamblea Legislativa del DF son reformas a la legislación vigente a partir de iniciativas presentadas por el PRI y por el Partido Alternativa. Se trata de una propuesta integral sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y que pone en el centro la prevención de embarazos no deseados e intenta disminuir el problema de la mortalidad materna. Se trata de garantizar el acceso a anticonceptivos y a educación sexual para evitar embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. De esta manera, el aborto no es visto de manera aislada, sino como parte de la atención a la salud reproductiva.
Despenalizar el aborto conlleva implicaciones de principios fundamentales: la libertad de conciencia, el laicismo, el derecho a la no intervención del Estado en cuestiones de intimidad y privacía, la justicia social y la salud pública. Los temores por modernizar la ley sobre el aborto, o las resistencias para actualizar las causales a la realidad social (el aborto transcurre por los canales de la clandestinidad y del mercado negro de médicos y enfermeras), tienen nombre y apellido: Iglesia católica. La oposición de ésta nace del dogma religioso de que la mujer y el hombre no dan la vida, sino que son depositarios de la voluntad divina. La religión católica considera que desde el momento de la fecundación el ser humano en formación posee alma y tiene plena autonomía de la mujer, cuyo cuerpo es sólo un instrumento de la divinidad. Cuando en los países de Occidente, empezaron a promulgarse leyes relativas al aborto, la jerarquía de la Iglesia católica empezó a promover los comités “Provida” para frenar la tendencia a la legalización. Por eso hoy en México, la jerarquía de la Iglesia católica, alentada y envalentonada por las circunstancias creadas por el gobierno de la derecha, está presionando y tratando de chantajear a los legisladores para impedir la aprobación a las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud; y también manipulando al público teleespectador con propaganda “a favor de la vida”.
Los organismos feministas como GIRE, Sipam y el Instituto de la Mujer del DF sostienen que sólo a través de la despenalización del aborto, la educación sexual (escolarizada y con campañas informativas en los medios de comunicación), y el acceso fácil a los métodos anticonceptivos, es como se logrará reducir la práctica de los abortos ilegales, la cual es un problema de salud pública. Los números sobre abortos inducidos, dada su clandestinidad, son estimativos. Conapo habla de 102 mil al año, mientras que el Instituto Alan Guttmacher estimaba para 1990 poco más de 553 mil. Las mujeres que abortan pertenecen a todos los niveles socioeconómicos, son campesinas, viven en las ciudades, son de escasos recursos o de altos ingresos, profesionistas, analfabetas, amas de casa, estudiantes, mujeres jóvenes y maduras. En su mayoría son católicas y lo que desean es poner fin a un embarazo no deseado. Sus razones son múltiples: embarazo producto de una violación o una relación sexual forzada (por el padre, o el esposo o el hermano); imposibilidad económica de mantener a un hijo más; desentimiento o rechazo de la pareja; la edad; continuar los estudios o dedicarse sólo a su profesión; malformación del feto; el riesgo de perder la vida o la salud; etcétera. La prohibición de la práctica de un aborto, las obliga a buscar métodos mortales. Hay estimaciones de que en México ocurren mil 500 muertes al año por esta causa, siendo la tercera causa de muertes en el país.
Una ley para despenalizar el aborto no conlleva, de ninguna manera, que el Estado se intrometa en las decisiones individuales y privadas en materia de reproducción. Lo que sí hace es garantizar que las mujeres tengan acceso a buenos servicios de aborto en los hospitales públicos. El hecho de que estemos en camino de hacer esto realidad, es debido a que, a pesar de los intereses de la jerarquía de la Iglesia católica, la sociedad mexicana no ha dejado de secularizarse desde hace varias décadas. Por eso cobra vigencia lo escrito por Carlos Monsiváis sobre el aborto: “ya está despenalizado por la sociedad” (véase “De cómo un día amaneció ProVida con la novedad de vivir en una sociedad laica”, en Debate Feminista, 1991, 3: 82-88). Las fuentes utilizadas fueron Marta Lamas, “Aborto y democracia” y Lorena Ríos “El aborto en México: una realidad”.
La autora es Maestra en Ciencias Educativas por el IIDE-UABC, y estudiante de doctorado en Ciencias por el DIE-CINVESTAV.
