Por Rosario Maríñez *
El actual sistema político mexicano muestra que tras la desintegración del presidencialismo priísta, se ha constituido en diversas entidades del país verdaderos señores feudales que nos les importa violar la Constitución, los derechos de los ciudadanos, a fin de ejercer su poder y proteger sus intereses (y aquí el color del partido al que pertenecen es lo de menos), como los casos paradigmáticos de Ulises Ruiz en Oaxaca, Mario Marín en Puebla, o el de Peña Nieto del Estado de México. Todos ellos priístas inmersos en una red de complicidades con el calderonismo panista. En estos días un juez de ese estado otorgó una sentencia aberrante, luego de un proceso penal lleno de irregularidades, de 67 años y seis meses de prisión en contra de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco. Esta resolución ha levantado la indignación de muchas voces porque es una muestra de venganza, de injusticia; y en donde a líderes sociales se les equipara a delincuentes de la talla del “Mochaorejas”, o que un sicario del narcotráfico, tras el tipo de sentencia penal que se le imputa, quede como “blanca palomita”. Para Bárbara Zamora, abogada de los líderes atenquenses, debido a que la sentencia otorgada no está en concordancia con lo que consta en el expediente, se trata de una consigna con la pretensión de satisfacer la venganza del gobernador Peña Nieto.
En la aplicación de la “justicia” en el caso de Atenco, también está lo relativo a la violación de los derechos humanos de 26 mujeres agredidas sexualmente durante los hechos infames del 4 y 5 de mayo contra la población de ese lugar, y en la que participaron mil 800 policías estatales y 700 federales. En este sentido, la Fiscalía especial para delitos cometidos contra mujeres, encargada de investigar y fincar responsabilidades a los responsables, ha venido actuando con dilación o simplemente no ha hecho nada para identificar la cadena de mando de esas corporaciones policíacas y fincar responsabilidades. Éstas inician con quienes ostentan una posición jerárquica, y también con quienes planearon el operativo de represión. Todos tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo y no hicieron absolutamente nada para impedirlo.
Estos hechos lamentablemente no son aislados forman parte de un escenario que viene constituyéndose cotidianamente. La derecha está desgobernando al país y quiere seguir conservando sus grandísimos privilegios. La gente del poder y del dinero, no sólo por la vía de los hechos, está violando las leyes y la Constitución como una gran mafia, lo más preocupante es que ahora ha sido aprobada una iniciativa en el Senado de la República que tipifica cualquier acto de protesta como terrorismo, lo que implicará cuando menos 40 años de prisión. Esta situación es de suma gravedad porque hoy todavía se puede denunciar la inconstitucionalidad de esas acciones, pero cuando ya sea parte de la normatividad en el marco jurídico, quizá la gente que se atreva a protestar estará en un estado indefensión. Por eso la sentencia a los líderes atenquenses es un escarmiento no sólo para los que están presos, sino para todos los que estén pensando en realizar cualquier tipo de protesta para reclamar un derecho.
Los focos rojos se han encendido. Desde hace muchos años, organismos internacionales como Amnistía Internacional vienen señalando el ascenso en la intensidad y la extensión de la violación de los derechos humanos en México. El problema más grave y que hace posible eso, es la impunidad imperante. Policías, militares, autoridades gubernamentales de todos los niveles, ministerios públicos, jueces, magistrados, legisladores, políticos pederastas, todos los representantes del Estado, están recibiendo el mensaje de que pueden violar la Constitución, hacer lo que les plazca, porque no tendrán castigo. Claro, siempre y cuando esto permita conservar y ejercer el poder por una camarilla corrupta que le tiene sin cuidado las garantías y derechos de los ciudadanos. Mientras que el ciudadano común, o los movimientos sociales, si hacen uso del derecho de protesta habrán de ser criminalizados. En esto ha devenido el gobierno de la derecha que hoy controla el país.
*La autora es Maestra en Ciencias por el IIDE-UABC, y estudiante del doctorado en Ciencias por el DIE-CINVESTAV.
