MONICA MATEOS VEGA
No debe sorprender que una fuerza como el Ejército Popular Revolucionario (EPR) ejerza presión política, "seguramente menos espectacular y menos efectiva que la que ejerce la elite financiera", al hacer estallar ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), porque se trata de las consecuencias del resurgimiento de la guerra sucia en el gobierno mexicano, afirma el escritor Carlos Montemayor.
El especialista en movimientos guerrilleros y autor del libro Guerra en el Paraíso dice en entrevista con La Jornada que la guerra sucia viene ocurriendo desde la administración anterior y ahora se ha reavivado. "Está el caso Atenco, y los excesos en la aplicación de sentencias contra líderes de ese movimiento, así como la represión del movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en 2006. A esto le añadimos la represión y la ilegalidad ejercida desde el gobierno federal en casos como la protección a elites en Pasta de Conchos y el apoyo a las acciones ilegales en el caso de la Minera San Xavier en San Luis Potosí.
"En un país donde todos presionan (presiona Provida, los sistemas bancarios y financieros, los grandes capitales, las empresas trasnacionales, el Ejército, los gobiernos estadunidense y español, el FMI, etcétera), sería ilógico pensar que no presionaran también otras organizaciones nacionales."
Montemayor puntualiza: "no estamos frente a un movimiento terrorista. Las acciones que reivindica el EPR son muy cuidadas en términos quirúrgicos; por tanto, sería aberrante y excesivo considerarlas acciones terroristas. Es claro que hay una intención de dañar las instalaciones de Pemex, pero no de una manera irreflexiva. Hay un interés claro de evitar pérdida de vidas humanas.
"El terrorismo es un concepto utilitario de descalificación política, surgido, fundamentalmente, de los criterios de autodefensa del Grupo de los Siete, y luego, de manera particular, a partir de la ocupación del Estado israelí de territorios palestinos. Este concepto sólo privilegia la perspectiva de los poderes de control, de conquista, de ocupación o de invasión sobre las perspectivas de resistencia, justicia o reivindicación populares.
"La falta de vivienda, de seguridad social, de servicios de salud, es decir, la injusticia social prevaleciente y creciente en el país son violencia social permanente, a la cual confundimos y llamamos 'estabilidad social' o 'paz social'. Y a los movimientos de inconformidad social que se oponen a esta seudoestabilidad los llamamos violencia. Es estar viendo el mundo al revés."
Explica que el comunicado donde dice el porqué de las explosiones en los ductos de Pemex "lo firman el Comité Estatal del Partido Democrático Popular Revolucionario y la comandancia militar de zona del Ejercito Popular Revolucionario; se trata de elementos o segmentos del propio EPR que han tenido presencia en comunicados anteriores y han reivindicado hechos de armas en varias regiones, generalmente en Guerrero.
"Desde el 25 de mayo se filtró en círculos sociales y políticos de Oaxaca que se encontraban en las mazmorras del estado dos miembros del EPR, detenidos y en muy malas condiciones. Ese día fueron trasladados en ambulancia, posiblemente al Campo Militar número uno de la ciudad de México. Ahora el comunicado del EPR los identifica con los nombres de Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
"Las filtraciones de información en Oaxaca y en muchas regiones del país no son cosa nueva, son algo natural en un tejido social tan complejo como el del país. De manera que, al menos el 25 de mayo, eran reconocibles en mal estado estos miembros del EPR que, por supuesto, se trata de dos desaparecidos o secuestrados que se suman a los de la guerra sucia de los años 70 y 80. Esa es la base del reclamo de este comunicado: el resurgimiento de la guerra sucia."
La represión del Estado "se aplica en México contra activistas sociales, no contra los grandes delincuentes empresariales, financieros", considera Montemayor.
Reitera que en la descomposición política y social, así como en el retraso económico y en el gran abismo que se está abriendo en el país entre las elites poderosas y las grandes mayorías desprotegidas "está incubándose un proceso de inconformidad social que puede alcanzar niveles de peligrosidad en meses o años.
"Es habitual en los gobiernos mexicanos, desde hace por lo menos 50 años, creer que los conflictos guerrilleros se resuelven con represión militar o policial, con segmentos reducidos de elites armadas.
"No se toman esas variables de inestabilidad política como señales de necesidades de cambios políticos en México. Por tanto, la presencia de este comunicado del EPR y dos bombazos a Pemex no se comparan con el daño que las últimas cuatro administraciones presidenciales le han hecho a la paraestatal.
"Ante este panorama, esta es la cuestión: ¿los gobiernos actuales del país (federal, estatales y municipales) están analizando y considerando los brotes de inconformidad social, desde los más pacíficos hasta los más complejos y armados, como una señal de cambios y medidas políticas? ¿O sólo desde el punto de vista de eliminación militar?
"Si el gobierno mexicano sigue en el carril de la represión militar estaremos agravando el proceso de inconformidad y deterioro social", concluye.
Tomado de La Jornada
Editorial
Atentados y equívocos
Tras la difusión de un comunicado firmado por la "Comandancia Militar de zona del Ejército Popular Revolucionario" (EPR) y el "Comité Estatal del Partido Democrático Popular Revolucionario" (PDRP) de Guanajuato, en el que esa organización político-militar se adjudica las explosiones registradas el 5 de julio y ayer en gasoductos y oleoductos de Pemex en los estados de Guanajuato y Querétaro, en lo que denomina una "campaña nacional de hostigamiento contra los intereses de la oligarquía y de este gobierno ilegítimo", el Ejecutivo federal, por medio de sendos boletines de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación (SG), reconoció de manera implícita que las afectaciones a la infraestructura de la paraestatal tuvieron un origen intencional e informó que se había ordenado el reforzamiento de la seguridad en las instalaciones estratégicas del país.
Por donde quiera que se le vea, esta secuencia de acontecimientos resulta lamentable y condenable. Sin desconocer el telón de fondo de dramas sociales en el que se inspiran organizaciones como el EPR, los atentados a los ductos de Pemex son repudiables en tanto que actos violentos y violatorios de la legalidad, porque ponen en riesgo la integridad física y los bienes de personas inocentes, porque generan zozobra en las zonas afectadas y porque causan graves inconvenientes en la vida cotidiana de los habitantes y en la economía de vastas regiones.
Más allá de sus efectos inmediatos, estos sabotajes violentos resultan inadmisibles por cuanto impactan de manera negativa en las condiciones de vida de los más desfavorecidos y porque abonan el terreno a las cada vez más desembozadas tendencias autoritarias y represivas presentes en el poder público; en este sentido, el accionar del EPR puede ser fácilmente capitalizable como una coartada y un pretexto para ataques adicionales a las libertades individuales, a los derechos políticos y a las garantías constitucionales, que de por sí se encuentran ya sometidas al acoso de un estilo de gobierno basado en el recurso a la fuerza del Estado.
Desde otro punto de vista, los ataques a los ductos de Pemex atentan contra una empresa que es propiedad de todos los mexicanos, una entidad pública que padece los embates de los afanes privatizadores y que ha sido expuesta a estrategias de devastación y saqueo por parte de las últimas cuatro presidencias neoliberales; la devaluación de la paraestatal y su reducción a chatarra ha sido, precisamente, la estrategia sistemática para forzar su privatización. En esta perspectiva, los atentados eperristas constituyen una manera por demás contradictoria de "hostigar los intereses de la oligarquía"; parecen, por el contrario, estar en sintonía con tales intereses.
Por lo que respecta a las reacciones oficiales a partir de los primeros ataques, el pasado 5 de julio, el balance no puede ser más desastroso. Resulta imposible de creer que la propia dirección de Pemex y los organismos de seguridad pública y de inteligencia del gobierno fueran capaces de confundir atentados perpetrados al parecer con explosivos con "bajas de presión" o "pinchazos" u "ordeñas" efectuados en las líneas como intentos de apropiación ilegal de los combustibles que corren por ellas. El empeño puesto por funcionarios de Pemex y por la coordinadora de Protección Civil de la SG, Laura Gurza, en sostener las versiones de que se había tratado de "accidentes", sólo puede explicarse por una escandalosa y angustiante incapacidad de las autoridades para detectar ataques intencionales, o bien por un inadmisible intento de simulación y ocultamiento de la verdad a la ciudadanía.
El comunicado eperrista representa, en este estricto sentido, un golpe demoledor a la credibilidad de un gobierno que ha hecho de la seguridad su tema casi único, y hasta obsesivo, pero que no es capaz de distinguir entre accidentes y ataques intencionales, o bien que no está dispuesto a informar con veracidad y transparencia a la población.
Astillero
Julio Hernández López
¡Y todo por culpa de Ye Gon!
¿EPR mata a chinogate?
Pretextos dorados
Puerta a más represión
La explosión de ductos petroleros en Guanajuato y Querétaro, y la posterior reivindicación que de esos hechos estaría haciendo el Ejército Popular Revolucionario (EPR), ha proveído al gobierno calderonista de una buscada oportunidad de desviar la atención pública de los cada vez más complicados asuntos del llamado chinogate y profundizar y expandir la estrategia de militarización del país, centrando los objetivos de combate castrense en la defensa preventiva de instalaciones petroleras eventualmente privatizables y en la estigmatización, persecución y castigo de la izquierda social, con el pretexto de un terrorismo que ya está bajo sospecha de confección o inducción oficial.
No se trata esta vez solamente de las tretas de salvamento elemental que Marta Sahagún y su esposo ponían en práctica cada vez que la copresidenta enfrentaba problemas de corrupción relacionados con su fundación tramposa o con sus hijos institucionalmente enriquecidos. Ahora se ha trazado una estrategia perversa que busca desviar la atención pública hacia territorios ajenos a la sinología seudoefedrina de campaña pero, además, trata de convertir a la izquierda social, en proceso de recuperación a un año del traumático fraude electoral, en un enemigo explícito: 14 millones de mexicanos votantes en 2006, o lo que quede de ellos, transmutados ¡al fin! en peligro para el México de Calderón.
El camino que ha abierto el calderonismo es altamente ominoso porque pretende continuar el ejemplo de las torres gemelas bushistas que sirvieron de pretexto para que la elite de la Casa Blanca instaurara un estado de excepción, justamente cuando más débil y apático aparecía George júnior. La mano dura del felipismo tiene ahora, en la declaración de guerra del EPR -genuina o adulterada-, las mejores condiciones para inyectar a la sociedad mexicana el virus del miedo a la política y las ideologías de izquierda y para intentar la consolidación de su proyecto autoritario que ya significa supresión de libertades civiles y ahora se organiza nuevos ''justificantes'' para subir de grado los niveles de represión.
El golpe de pie al acelerador de la maquinaria represiva se da cuando el escaso oficio político de la banda grupera denominada Los Pinos no da para más en el tema de las acusaciones de míster Ye Gon, en materia de financiamiento delictivo de la campaña presidencial panista y de otras formas de corrupción criminal de miembros del círculo íntimo del felipismo. Del otro lado, y pese a divisiones inducidas y errores internos, la resistencia a un gobierno que es considerado ilegítimo se mantiene y, a juzgar por lo dicho por López Obrador el pasado día primero en el Zócalo, ese movimiento estaría en vías de dar un paso cualitativo de protesta y organización más allá de la ''clase política corrupta'' (a la que sin duda pertenece un amplio segmento del Partido de la Revolución Democrática y de los partidos que forman el Frente Amplio Progresista) y con la vista puesta en la constitución de un fuerte ''movimiento ciudadano''.
Fuese auténtica, o producto de una infiltración o manipulación, la declaratoria de guerra del EPR hace daño al proceso de lucha contra una derecha que busca la violencia para tratar de justificar sus acciones. Si el mencionado Ejército Popular Revolucionario fuese en verdad el autor del comunicado en que habla de iniciar una ''campaña nacional de hostigamiento contra la oligarquía y el gobierno ilegítimo'', sería necesario que reconsiderara esa postura, puesto que a partir de ella habrá persecución y castigo a ciudadanos sin implicaciones con la violencia, cuyo único delito será participar en movimientos de izquierda o liberales. Una consecuencia inmediata se producirá en Oaxaca, donde el gobierno de Ulises Ruiz considerará ''patrióticamente'' convalidadas sus acciones represivas a la luz de lo que el EPR estaría haciendo en reacción al secuestro de dos militantes del mencionado grupo armado.
Tocar a Petróleos Mexicanos en estos momentos es, además, una forma de generar desasosiego social respecto del control estatal de esa industria. Una manera de dar tranquilidad a pobladores inquietos podría ser la apertura a capitales que con criterios de eficacia y modernidad sustituyan los esquemas corruptos y peligrosos de manejo burocrático. De atorarse en lo sustancial la propuesta fiscal del calderonismo -riesgo que en la residencia de Los Pinos ven cada vez con más viabilidad-, pronto estará sobre la mesa el gran negocio de la privatización en materia de energéticos.
Naturalmente -así va el guión- , el gobierno calderónico de inmediato ha aprovechado el momento inducido para anunciar firmeza en la defensa de los intereses patrios en peligro. Francisco Ramírez Acuña está en su ambiente propicio y Felipe Calderón tal vez esté buscando en su guardarropa alguna casaca militar de talla extra para hacer alguna aparición pública reconfortante de las conciencias angustiadas por las explosiones petroleras y guerrilleras (y el PAN capitalino, con Marinela Gómez del Bimbo al frente, promueve electrónicamente una campaña escandalosa contra las marchas: orden y buena conducta en las protestas, quiere la primera prima del país). La misma resolución de la Permanente, para crear una comisión legislativa que estudie el escándalo del decomiso de Las Lomas, y sus implicaciones en la constitución del poder presidencial actual, han quedado de lado, pues en lo inmediato, a partir de la oportunísima irrupción de un grupo guerrillero, el interés gubernamental se centra en desplazar del escenario mediático al chino indeseado y su abogado neoyorquino desalmado. ¿EPR matará mediáticamente a Ye Gon? ¡Guerrilleros amigos: ¿coopelan o cuello?!
Y mientras el Presidente LegaL convierte plazas públicas -como el Zócalo este lunes- para presentar ProMéxico, en una exposición itinerante de las Vallas Artes, ¡hasta mañana en esta columna con memoria histórica respecto de provocaciones y falsificaciones desde presuntos flancos izquierdistas radicales!
TOMADO DE SENDERO DEL PEJE
FIN DE FIESTA EN LOS PINOS
Salen los videos fin de fiesta en los pinos, donde explica Anabel Hernandez el uso indebido de recursos por parte de la mafiamilia presidencial.
