Tomado de Proceso
La ley, que entra en vigor el próximo 1 de septiembre, es aún más severa que la SB1070 de Arizona, pues obliga a los agentes de la policía a “tratar de determinar el estatus migratorio de una persona que se sospecha es un extranjero no autorizado de estar en el país”.
Bastará con que un oficial de Alabama sospeche que una persona es indocumentada para que ésta sea detenida.
Por esa razón, la SRE publicó este día, en el sitio web del Consulado General de México en Atlanta, un folleto con información sobre la legislación promulgada y recomendaciones prácticas para saber cómo actuar y protegerse ante una posible detención en Alabama.
La guía señala que si un connacional es arrestado, tiene derecho a negarse a firmar documentos que no entienda.
“Aunque sienta presión por parte de las autoridades, si no entiende el documento o lo que dice no es cierto, no firme aunque sienta presión de las autoridades. Es importante que no proporcione información falsa”, dice el texto.
En caso de que alguien ya haya sido detenido, se indica que puede solicitar hablar con un abogado y exigir su derecho a que se dé aviso al Consulado de su detención.
Pese a que la Ley HB56 permite detener a alguien por el simple hecho de sospechar que no está de forma legal en el país, la guía del Consulado dice que “las leyes prohíben que sea detenido únicamente por su color de piel, su nacionalidad o por hablar español”.
También aconseja a los connacionales que en caso de que sientan que alguna autoridad violó sus derechos, registren sus datos y busquen testigos para documentar “al máximo” los hechos. E inmediatamente llame o pida contactar a su Consulado, recomienda la guía.
El documento señala que el Consulado puede brindar asistencia y orientación legal, explicarle su situación jurídica y darle datos de abogados especializados, así como ayudarle a comunicarse con sus familiares.
La nueva legislación de Alabama otorga a los policías la facultad de preguntar por la situación migratoria y realizar arrestos en caso de no mostrar documentos que acrediten la estancia legal. También permite arrestar a aquellos que manejen sin licencia de conducir.
En caso de ser arrestado y el estatus migratorio es ilegal, el indocumentado no podrá pagar una fianza para salir de la cárcel.
La ley también tiene implicaciones para quienes trabajan o estudian en Alabama de forma ilegal. Sólo podrán inscribirse en las escuelas públicas los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos.
Asimismo, se considerará delito transportar, ocultar u hospedar a personas a sabiendas de que son indocumentados, incluso si son familiares.
A través de un comunicado, la SRE lamentó la promulgación de la ley HB56 (Beason-Hammon Alabama Taxpayer and Citizen Protection Act) que “criminaliza la migración y abre espacios para la posible aplicación indebida de la legislación por parte de autoridades locales”.
Señala que los legisladores que votaron a favor del texto, así como el gobierno estatal, ignoraron las “numerosas contribuciones de la comunidad inmigrante a la economía y la sociedad” de Alabama y la importancia que tiene México como cuarto mercado para sus exportaciones.
Y advierte que, como en el caso de la Ley SB 1070 de Arizona y la HB 457 de Utah, en que organizaciones estadunidenses promovieron demandas para su entrada en vigor, la SRE utilizará “todos los recursos disponibles para defender los derechos y la dignidad de los mexicanos en Alabama”.
El comunicado señala que el gobierno mexicano reconoce el derecho soberano de todos los países a decidir las leyes que deben aplicarse en su territorio.
Sin embargo, insiste en que brindará la asistencia y protección que requieran los mexicanos para garantizar el “debido respeto a sus derechos fundamentales, independientemente de su condición migratoria”.
