Tomado de Frontera, 16 junio 2011 con la autorización del autorEl autor es investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colef
No sabemos a ciencia cierta cuáles fueron los cálculos de las autoridades para proceder como lo hicieron en el llamado “caso Jorge Hank Rhon”. Lo único evidente son los resultados: nadie parece haber ganado, aunque algunos perdieron más que otros.
En primer lugar, el ejército mexicano, que vistos los acontecimientos, ha quedado ante los ojos de buena parte de la sociedad, como una institución que ha sido utilizada para llevar a cabo el operativo político.Después de 1968 tuvo que pasar mucho tiempo para que el ejército recuperara el prestigio y legitimidad perdidas con su accionar durante el movimiento estudiantil de 1968 y que culminaría con la matanza de estudiantes el 2 de octubre. Hoy, que la estrategia del combate al crimen organizado ha llevado al ejército a las calles y a cumplir funciones para las cuales no está preparado, las acciones de violación a los derechos humanos en las que se ha visto involucrado, así como las muertes calificadas oficialmente como “daños colaterales”, han provocado un creciente deterioro de su legitimidad. Y eso es muy grave, pues en comparación con las policías, era la única institución que gozaba de credibilidad y respeto. El caso Hank ha dilapidado su capital y ha crecido la percepción de que actúa acatando órdenes por motivaciones políticas que incluso violan las garantías individuales. El saldo es que el temor social se ha incrementado y a la impotencia social se suma el coraje.
La PGR ha quedado también evidenciada en este lamentable caso. El “Hanckazo” en alusión al “Michoacanazo”, ha llevado a la conclusión generalizada que la fiscalía actúa por encima de la ley y atendiendo a dictados políticos. Paradójicamente, en medio de todas las inconsistencias e irregularidades de la detención de Hank Rhon, la jueza del noveno distrito, Blanca Evelia Parra Meza, ha logrado salvar la cara del maltrecho Estado de derecho. Su valiente actitud al desestimar las pruebas presentadas por la SIEDO y tomar la decisión de dictar auto de libertad, permite que socialmente se logre cierta credibilidad en la impartición de justicia. El problema es que ya la PGR se apresta a apelar la liberación y se desatará una campaña de desacreditación de la jueza para tratar de recomponer un poco la figura y el prestigio perdidos.
Pierden los partidos políticos, el PAN y el PRD. Salvo algunas excepciones, prominentes militantes festinaron la detención de Hank Rhon. En particular, para buena parte de la sociedad, la actuación del gobierno federal y del ejército se hizo para desbarrancar al PRI y su crecimiento rumbo a las elecciones del Estado de México y a la presidencia de la República. Pero los números de Luis Felipe Bravo Mena son desastrosos: su campaña sigue en picada y perdió más puntos en las preferencias de los mexiquenses durante la última semana. Carlos Navarrete y Alejandro Encinas hicieron lamentables declaraciones: justificaron la violación a los derechos y garantías individuales por el supremo objetivo de encarcelar a un adversario político.
El gobernador del estado y el procurador de justicia de Baja California, pierden y mucho. Primero por afirmar que nada sabían del operativo y luego por la decisión de apresar a Hank después de ser liberado por la jueza federal con el argumento de cumplimentar una orden de presentación y un arraigo, que a las 4 horas sería no ratificado por el juez primero de lo penal Un error gravísimo que sólo tiene soporte político. Pierden también algunos medios de comunicación y “analistas” convertidos desde hace tiempo en voceros oficiales. Asimismo quienes se frotaban las manos pensando en quedarse con la franquicia del Club de Futbol Xoloitzcuintles de Tijuana. Otros más porque demostraron que antes que el actuar de manera profesional los mueve el estómago. Escucho a Joaquín López Dóriga este día martes al entrevistar a la titular de la SIEDO, Patricia Bugarin, azuzándola para que actúe contra la decisión de la jueza del noveno distrito. La lógica es terrible y raya en el autoritarismo y en la demanda de supresión de la independencia del Poder Judicial: la decisión de la jueza al desestimar las pruebas de la fiscalía, significa que “no hizo bien su chamba” y que se convierte en “sospechosa”. Los jueces están para acatar y ratificar las órdenes del Poder Ejecutivo.
Y desde luego pierden quienes dieron la orden al ejército de actuar como lo hizo, al margen de la ley.
