Publicado en Entre Líneas, num. 5
Por Fausto Ovalle
"Intelectual es el escritor, artista o científico
que opina en cosas de interés con autoridad
moral entre las élites."
Gabriel Zaid
Una revisión de las notas publicadas en los diferentes medios impresos de comunicación, nos permite conocer que la mayoría de las declaraciones en relación de las regasificadoras proviene de la ciudadanía y poco de los sectores académicos tan importantes en el estado, agrupados en la UABC, el Colegio de la Frontera Norte y el Cicese.
La actitud que ha asumido la mayoría de la “inteligencia” científica -subrayo mayoría, más no toda- demuestra, si no una simpatía con los proyectos de las transnacionales, un miedo a contradecir a las autoridades de los tres niveles de gobierno, que desvergonzadamente muestran su respaldo a esos proyectos, no importando la opinión de la gente o que estén en contra de la normatividad local.
La “inteligencia” ha determinado desviar de su razonamiento este tema, porque pareciera que en estos tiempos de crisis prefieren no quedarse sin empleo por criticar decisiones de gobierno, gobierno que les otorga muchas veces más del 90% de su salario.
Deciden guardar silencio a manifestar e informar a la comunidad de las causas negativas que provocarán esos proyectos en las costas de Baja California.
Los ciudadanos, que carecen de los conocimientos necesarios para descubrir los impactos negativos de las regasificadoras en la naturaleza, se vuelven científicos por fuerza para sustituir la labor de estos investigadores que de manera cómoda miran el mar desde sus oficinas de privilegio. El no contradecir a las autoridades es una mordaza, pero existe otra.
Las empresas Sempra Energy, Shell, Chevron Texaco y Moss Maritime han pagado estudios a las instituciones académicas, que al parecer por la falta de transparencia de las investigaciones han servido para avalar los proyectos de las transnacionales.
No podemos decir que las compañías han vuelto millonarios a los centros de investigación, ya que las sumas que han aportado y donado son de alrededor de 2 millones de pesos para el Cicese y 5 millones para la UABC. Lo grave de los contratos de los estudios entre las empresas y las instituciones es que tienen un periodo de confidencialidad de al menos tres años, esto quiere decir que si existen anomalías en las regasificadoras las conoceremos cuando ya cuenten con el 100% de los permisos para poner en riesgo ecológico y contaminar visualmente uno de los corredores costeros turísticos más importante del estado, país y mundo.
Para la inteligencia estúpida esto no importa. Lo que sí importa son sus intereses particulares y no los generales. Sólo alzan la voz, y pagan hasta desplegados en periódicos, como el caso del Cicese, cuando sus intereses salariales son afectados, cuando no reciben una beca o cuando los despiden. Mientras el resto del mundo ajeno a sus intereses puede llevar una trayectoria destructiva.
El caso del CiceseDesde el 2002, el Cicese ha realizado 8 investigaciones solicitadas por las empresas Chevron-Texaco, Sempra Energy y Shell. Los proyectos que ha realizado el centro de investigaciones abarcan monitoreos de datos oceanográficos, variaciones fisicoquímicas estacionales del agua de mar y estudios adicionales para la localización de fuentes de rocas para la construcción de un rompeolas.
Además evaluación de los mantos de sargazo y sus principales comunidades bióticas asociadas y estudios preliminares relacionados con la instalación de una terminal flotante de regasificación de gas natural licuado. Los lugares donde han realizado las investigaciones son en Costa Azul, a 28 kilómetros al norte de Ensenada, y en Islas Coronado, frente al municipio de Playas de Rosarito.
De acuerdo a un informe de actividades de la Dirección de Vinculación (ahora Dirección de Innovación y Desarrollo) del Cicese, el centro de estudios cobró 110 mil 646 dólares (1 millón 217 mil 106 pesos) por la realización de cinco proyectos.
El documento detalla que por la investigación de las variaciones fisicoquímicas estacionales del agua de mar frente al predio Costa Azul, solicitada por Shell, cobraron 199 mil pesos. Agrega que el proyecto de monitoreo de datos oceanográficos, tramitado por Sempra Energy, tuvo un costo de 200 mil pesos.
Por los estudios adicionales para la localización de fuentes de rocas para la construcción de un rompeolas frente al predio Costa Azul, solicitado por la misma empresa, cobraron 47 mil 900 pesos.
Uno de los proyectos por los que ha obtenido más recursos el Cicese es por los estudios preliminares relacionados con la instalación de una terminal flotante de regasificación de gas natural licuado, el cual tuvo un valor de 410 mil pesos.
También destaca la evaluación de los mantos de sargazo y sus principales comunidades bióticas asociadas, frente al predio Costa Azul, que costó 389 mil pesos.
El centro de investigaciones también ha realizado una investigación más a Shell y dos a Chevron Texaco.
El jefe del departamento de proyectos especiales y propiedad intelectual de la Dirección de Innovación y Desarrollo, Carlos López Hernández, explicó que el costo del proyecto de Shell es información confidencial, por lo que no podría revelar la información.
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