Los derechos culturales en México. Una cuenta pendiente.

Por Lizeth García Peña
lizethgarciape@frontera.info

El mes pasado, exactamente el 4 y 5 agosto, se realizó el Foro hacia un Parlamento de Cultura, convocado por el Congreso de la Unión. Se discutieron temas importantes para todos: la reforma del artículo IV Constitucional, en el que se quiere incluir los derechos culturales; la iniciativa de una Ley General de Cultura; la separación de los asuntos que corresponden a la cultura de la educación; y, por último, la iniciativa de ley para el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).Fue un momento importante para la comunidad cultural, ya que esta consulta era de carácter nacional, que se hizo de manera simultánea en otras ciudades: Tijuana, Guadalajara, Cancún, Monterrey y Xalapa, con el objetivo de recoger las opiniones de los ciudadanos respecto a estas propuestas y para conocer las inquietudes de los que se dedican a trabajar en las distintas áreas de la cultura, según explicaron los diputados y senadores que estuvieron presentes en nuestra ciudad.

Debo ser sincera, esperaba que la comunidad cultural (como algunos se empeñan autonombrarse, ya que todos podemos caber en esa idea de comunidad cultural) estuvieran ahí cuestionando y haciendo propuestas, pero no, sólo unos cuantos, que se pueden contar con los dedos de las manos, ni siquiera el grupo que se ha erigido como el Foro Cultural Ciudadano, y en el que por esos mismos días se publicó en el semanario Bitácora (3 de agosto, num. 445) La razón de ser de este grupo: “Lo que el FOCUC persigue es potenciar las voces críticas y dispersas de los actores de la cultura tijuanense en un eco colectivo capaz de despertar conciencias y superar la indolencia de los sectores de la cultural oficial”. Pues no estuvieron para unificar las ideas y necesidades de los actores culturales, y no estaban porque, como les pasó a muchos, no se enteraron, y los que si supieron, simplemente no se presentaron por mil razones, pero acá entre nos, varios de los que pertenenecen a este grupo si tenían el conocimiento de este foro y desaprovecharon una buena oportunidad para cuestionar los asuntos que nos atañe a todos.

Mucho se discutió con esas pocas personas. Sólo dos presentaron ponencia: Rafael Rodríguez, coordinador de bibliotecas municipales, y Max Mejía, director de la revista mensual Arte de vivir, donde mostraron sus opinione sobre lo que debe pasar con los derechos culturales, la posibilidad de un organismo cultural independiente a la Secretaría de Educación y lo que debe pasar con Conaculta. Los demás participantes fueron invitados por los diputados de la Comisión de Educación y Cultura. Entre ellos, el investigador del INAH, Felipe Echenique, quien discutió su oposición de separar la educación de la cultura, además de que cuestionó sobre qué cultura se pretende legislar. Agregó que las reformas que se están impulsando, crearán problemas como el que los grandes monopolios, como Televisa o Telmex, se apoderen de las manifestaciones artísticas e incidan en las políticas culturales.

Otro tema que despertó gran revuelo entre los asistentes, es la iniciativa de ley para el Conaculta, ya que en su mayoría opinaron que era un monstruo burocrático, que no permite el desarrollo, ni mucho menos impulsa la creación artística. Este tema llevó a proponer un organismo autónomo, tipo IFE, en el que hubiera una incidencia ciudadana y que las políticas implentadas por este organismo, no fueran afectadas por los gobiernos en turno.

Mucho se puede pensar y meditar sobre la posibilidad de una ley general de cultura y un organismo autónomo, ya que son muchos puntos que se deben analizar para dar este gran paso que, desde muchos ángulos, traería beneficios para el desarrollo cultural, pero este paso debe ser cauteloso, ya que implicaría tomar en cuenta las leyes existentes como la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas; la Ley de Radio y Televisión, por aquello de obligar a los medios a dedicar segmentos para las manifestaciones culturales, y en esta sí habría un debate entre los interesados, ya que no ha sido muy fácil trabajar en este rubro, por los monopolios que no permiten dar un paso que no tenga ningún beneficio a su favor; así como aquellas que protegen los usos y costumbres de los grupos indígenas de nuestro país; entre otras leyes.Inclusión de los derechos culturales a la Constitución.

Enseguida sintetizo la lectura de los motivos para hacer la reforma al Art. IV Constitucional, que hizo el diputado por el PRD, Inti Muñoz Santini, de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados, en este foro cultural.“La cultura, entendida como el repertorio de ideas, símbolos, valores, normas, obras artísticas, artefactos, formas de producción y dispositivos de la memoria que una comunidad crea y usa, es un recurso para que las personas y las comunidades definan su identidad, sus problemas, reuelvan sus diferencias y puedan elegir sus alternativas”, define como primera instancia el término de cultura.

“La Constitución debe establecer la obligación del Estado de promover la creación, debate y difusión cultural, y el Estado está obligado a garantizar la libertad de expresión, creación y disfrute de la cultura”. En este punto, el documento centra su atención en lo que respecta a la difusión de las manifestaciones culturales a través de los medios masivos de comunicación, en el que el Estado intervendría como una garantía de la diversidad de las distintas propuestas.

Referente a los derechos culturales, la exposición de motivos para adicionarlo al Art. IV de la Constitución, se basa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; en la Declaración de Principios de Cooperación Cultural Internacional de 1969. En estos documentos se concluye que el derecho cultural “abarca la regulación y organización de: a) la creación cultural y el derecho a la libertad de las ideas, b) la recepción cultural (el derecho a la educación y el derecho a la información) y c) la transmisión cultural o sea el dereecho de la publicación y el derecho a la ibertad de opinión.“Su normatividad jurídica”, se reconoce en el texto, “es muy amplia y compleja pues incluye la regulación jurídica de educación (pública y privada) en todos sus niveles, la conservación del patrimonio artístico y arqueológico y, más aún, la preservación del patrimonio cultural de los pueblos, la difusión cultural, el fomento a la ciencia, el régimen legal de los medios de comunicación, derechos de autor”, etcétera.

Legislar los derechos culturales no va a ser una tarea fácil, se requiere, como se reconoce en el documento, hacer una serie de reformas y reestructurar las leyes existentes para que realmente se respeten los derechos culturales de los mexicanos y se hagan valer, a la hora de ser plasmados en la Constitución.En el documento se comenta la pertinencia de incluir los derechos culturales en el Art. IV y no en el III, como pudiera pensarse, ya que el “contenido en el segundo numeral mencionado, es una garantía social, referida a las materias laboral y agraria, y el derecho a la cultura es un derecho difuso, esto es, que se integrarían es un sólo precepto constitucional una obligación del Estado y un derecho subjetivo público”.

Por último, la propuesta del enunciado para agregar al artículo en cuestión: “Todo individuo tiene derecho a la cultura, al disfrute de la creación cultural y de los bienes culturales. La ley promoverá el acceso y participación a cualquier manifestación y expresión cultural tangible e intagible. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural y conpleno respeto a la libertad creativa y a las leyes de la materia”.

Pese a que fue muy poca la asistencia, cada quien, desde su perspectiva, opinó sobre las necesidades por definir cultura; la adición de los derechos culturales; separar la educación de la cultura, en este rubro, muchos se mostraron a favor de esta idea, ya que si hay una necesidad de que la SEP deje el monopolio de la cultura, ya que no hace un trabajo digno de lo que el país requiere en esta áea.