Denuncian otra vez a Onésimo Cepeda; también van contra ministro de la Corte

MÉXICO, D.F. (apro).- El abogado Xavier Olea Peláez presentó hoy ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia de hechos contra el obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, y el ministro de la Suprema Corte, Sergio Valls, así como contra dos magistrados.

Tomado de Proceso

En esta denuncia el abogado señala que hubo tráfico de influencias y cohecho entre los acusados, lo cual permitió que el obispo no cayera en la cárcel debido a sus relaciones con el poder judicial.

Olea Peláez es abogado de la empresa Arthinia Internacional, la cual demandó al obispo Onésimo Cepeda porque éste, mediante un pagare falsificado, intenta apoderarse de una colección de obras de arte pertenecientes a esa firma.

El abogado acusa a Onésimo Cepeda de falsificar la firma de la señora Olga Azcárraga, hermana del empresario Rogelio Azcárraga, propietario de la cadena Radio Fórmula, para cobrar un pagaré por 130 millones de dólares.

Según Olea Peláez, el obispo asegura que prestó esos 130 millones de dólares en efectivo a Olga Azcárraga, de la que era “confesor”.

El pasado 16 de junio el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Distrito Federal falló a favor del obispo y lo libró de ir a la cárcel por esta acusación que contra él interpuso Arthinia Internacional.

A partir de entonces Xavier Olea ha venido señalando que la determinación de este tribunal se debe a la amistad entre el obispo y el ministro Sergio Valls, quien, según Peláez, influyó para que dos magistrados de ese tribunal, José Pablo Pérez Villalba y Manuel Bairaibar Constantino, fallaran a favor de Onésimo.

Olea Peláez ha señalado que la prueba más fehaciente de este acuerdo entre el obispo y el ministro es que este último invitó a Onésimo a su fiesta de cumpleaños, en mayo pasado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y fue en esta fiesta donde arreglaron el problema judicial del obispo de Ecatepec librándolo de ir a la cárcel.

Olea dice tener testigos que escucharon decir a Onésimo Cepeda de que ya tenía a dos magistrados que iban a fallar a su favor.

Ahora son estos hechos enunciados a detalle los que ha presentado en su denuncia de hoy ante la PGR el abogado Olea.

En su momento, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, desmintió al abogado Xavier Olea, al rechazar, por medio de un comunicado fechado el 16 de junio pasado, las acusaciones del abogado.

Dijo entonces en ese comunicado: “Las aseveraciones vertidas por el abogado Xavier Olea Peláez, en el sentido de que el ministro Valls habría intervenido para propiciar la revocación de un amparo en perjuicio de su defendido, en el Octavo Tribunal Colegiado en materia penal, carecen de sustento.”

Ahora el abogado Olea acude ante la PGR para que investigue estos ilícitos. “Espero que la Procuraduría tenga la voluntad política para hace las investigaciones. Tendrá que investigar llamadas telefónicas a teléfonos celulares, visitas a los magistrados del tribunal y entrevistar a testigos de la comida que dio Sergio Valls en Chiapas”, detalló.

-¿Cuáles son los puntos medulares de su denuncia de hechos?

Principalmente tráfico de influencias y cohecho; también pudo darse el delito contra la administración de justicia. Esperemos que la PGR esclarezca los hechos y castigue a los culpables.

Revela Elba Esther pacto con Calderón para apoyarlo hacia la Presidencia

MÉXICO, D.F. (apro).- Elba Esther Gordillo, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE, se hizo de los reflectores por casi tres horas para estremecer la escena política. Consciente de lo que iba a desatar, inició advirtiendo a los medios: “Tienen nota para muchos días”.

Tomado de Proceso

En conferencia de prensa, Gordillo demandó revisar las cuentas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), mediante una auditoría “especial” por supuestos malos manejos de 50 mil millones de pesos por parte de la institución, cuando estuvo encabezado por uno de sus principales allegados, el expriista Miguel Ángel Yunes, a quien –reconoció– ella misma colocó en el puesto.

Como parte de un mea culpa, la “maestra” Gordillo aceptó haber negociado el puesto de Yunes, entre otros, como parte de un pacto político, en 2006, con Felipe Calderón, para apoyar su candidatura. Reconoció también que “arregló” los puestos de Roberto Campa en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y el de Francisco Yáñez, en la Lotería Nacional.

“En ese escenario vino la sucesión y llegamos al acuerdo de ir con el presidente Calderón por la Presidencia de la República, previos arreglos de orden político que no deben avergonzar a nadie. A mí no me avergüenzan, yo hago política”, aclaró.

“Mea culpa, mea culpa. Siendo el candidato el presidente Calderón, hablamos de las reformas estructurales del país. Hablamos mucho de que la seguridad social exigía una reforma de fondo. Me comprometí a impulsar esa reforma de la seguridad social de los trabajadores”, agregó.

En franca contradicción, la promotora en la fundación del Partido Nueva Alianza (Panal) dijo que dichos pactos no se hicieron para “satisfacer” sus intereses o “ambiciones personales”, ni del gremio que representa, “sino para que aquellos que habían trabajado o que trabajaban en Nueva Alianza, y que estaban comprometidos con el proyecto, tuvieran un espacio político que les permitiera seguirse desarrollando, y esto es legítimo”, disparó.

“A veces me llama la atención que muchos políticos se arreglan en lo oscurito y cuando uno lo hace público les va como en feria. Yo lo digo: Sí. Sí hicimos un arreglo político”, reconoció la profesora, quien abundó en que “así fue” como el licenciado Roberto Campa, a quien calificó de “muy cercano” y “amigo”, llegó al Sistema Nacional de Seguridad Pública

Así también, dijo franca, fue “como se resuelve que el señor licenciado Yunes fuera director del ISSSTE y nosotros adquirimos el compromiso de revisar la ley”.

Disparó contra la institución que dirigía quien, antes, tenía tan cerca y del que hoy se deslinda: Miguel Ángel Yunes. “Hoy estamos ante evidencias claras de malos manejos, de los cuales por razones éticas, morales y políticas, yo me deslindo totalmente y exigimos que haya una auditoría especial, no la que aplica el Órgano Interno de Control del ISSSTE, sino externa”.

Siguiendo su confesión, dijo sentir una “doble responsabilidad”, en lo particular: “Acepto y reconozco, yo, Elba Esther Gordillo, que sí apoyé al licenciado Yunes y que sí impulsé la ley, pero también exijo que se aclare que no tuve nada que ver en los asuntos de manejo del ISSSTE.”

Yunes no fue el único funcionario al que Gordillo apuntó en su conferencia. Criticó a los dos secretarios de Educación que han ejercido en la administración de Calderón: Josefina Vázquez Mota y Alonso Lujambio: “Tuvimos una secretaria de Educación que, desde que llegó, estuvo pensando en ser candidata a la Presidencia de la República.”

Habló de los embates de Vázquez Mota por “dominar” al SNTE y apuntó: “Este sindicato no necesita domadores de la SEP, necesita autoridad moral de la SEP”.

En materia educativa, agregó la presidenta del SNTE, “ningún acuerdo se ha hecho con ningún secretario de Educación, ninguno de los dos, todos han sido directamente con el señor presidente, compromisos”, dijo, en alarde del poder que ha alcanzado.

No se pronunció a favor de ningún precandidato presidencial. “No hemos tomado una decisión de con quién. No es el momento”. Sólo descartó a Andrés Manuel López Obrador. “Él ya me tomó como alguien a quien hay que fustigar”, jutificó.

Sobre el respaldo a Calderón, aclaró que no está arrepentida de haberlo apoyado en 2006, a pesar de las más de 40 mil muertes que lleva registradas la guerra antinarco impulsada por el presidente. “Eso la historia lo juzgará”.

Pero denunció extorsiones por parte del crimen organizado a maestros del sindicato.

“En cuanto al crimen organizado. Víctimas hay muchas; muy dolorosos momentos se han vivido. El sindicato no ha querido hacer de éste un tema personalizado o aclaratorio de lo que nos acontece, pero les he de decir que los maestros no están exentos de chantajes, de presiones, de muchas veces pedir el aguinaldo, en fin. Todos estos males endémicos sociales, también los padecen los maestros, la organización, de suspensiones de labores por tal o cual situación complicada. Es un fenómeno que nos está lacerando a todos.”

Al margen, anunció que “traerá” al Dalai Lama a un congreso del SNTE, el próximo 11 de septiembre, para “motivar la conciencia” y “sacudir el pensamiento libre, comprometido de todos”.

Prohíbe el IEEM revelar gastos hasta seis meses después de elecciones

PRD impugnó resolución ante el Tribunal electoral estatal. Se blinda al candidato priísta, aseguró.

María Luisa Severiano
Tomado de La Jornada

Chimalhuacán, Méx. El consejo general del Instituto Electoral del Estado de México aprobó por mayoría el acuerdo número 97 con el cual se prohíbe hacer público el monitoreo de gastos de campaña hasta 6 meses después de la elección del 3 de julio.

Luis Sánchez Jiménez, coordinador de campaña e la coalición Unidos podemos Más, denunció que con esta disposición “se blindó” al candidato de la alianza Unidos por Ti, Eruviel Ávila Villegas.

Detalló que cifras estimadas por el Partido de la Revolución Democrática indican que el abanderado tricolor ya superó en tres ocasiones el tope de gastos de campaña que es de 203 millones de pesos. “Desde el IEEM se está cocinando el fraude electoral”.

Sánchez Jiménez detalló que ya se impugnó dicha resolución ante el Tribunal Electoral del Estado de México.

Cinco de los siete integrantes del Consejo General del IEEM ordenaron al órgano técnico de fiscalización no hacer público el monitoreo que en estos momentos se aplican a ambas coaliciones y al Partido Acción Nacional.

A este órgano fiscalizador también le dio un plazo de tres meses para recabar toda la información y otros 90 días adicionales para presentar el dictamen de los gastos de campaña de los partidos. Según Luis Sánchez, el acuerdo 91 contraviene al artículo 61 del Código Electoral del Estado de México que establece que es motivo de cancelación de registro de la candidatura si un partido rebasa los topes de gastos autorizados.

El también dirigente estatal del PRD informó que ayer lunes concluyó el plazo para el registro de representantes de casilla y la coalición Unidos podemos más registró el 100 por ciento en las 17 mil 200 casillas que se instalarán este próximo 3 de julio a lo largo y ancho del territorio mexiquense.

Alista Ejecutivo diálogo con movimiento que encabeza Sicilia

Advirtió que primero escucharán las propuestas que “consoliden” la estrategia de seguridad actual.
Víctor Camacho
tomado de La Jornada
México, DF. El Ejecutivo federal acudirá este jueves próximo al diálogo con los representantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad a escuchar los planteamientos que haga este grupo identificado con el poeta Javier Sicilia, aunque advirtió que en principio escucharán las propuestas que “consoliden” la estrategia actual de seguridad.

El secretario de Gobernación, Francisco Blake, dijo que el gobierno se está preparando para esta reunión para escuchar “a las voces que reclaman diálogo, justicia y paz”.

El responsable de la política interna dijo a pregunta expresa acerca del reclamo de organizaciones civiles como la referida para que haya un cambio de estrategia en materia de seguridad, que “primero vamos a estar atentos a cualquier planteamiento que consolide la estrategia”.

-¿Van a cambiar algún aspecto de la estrategia?

-Vamos a ver qué planteamientos nos hacen. Vamos a ver qué es lo que nos plantean y ahí en el diálogo vemos.

Recuento de daños, caso Hank Rhon

Tomado de Frontera, 16 junio 2011 con la autorización del autorEl autor es investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colef

No sabemos a ciencia cierta cuáles fueron los cálculos de las autoridades para proceder como lo hicieron en el llamado “caso Jorge Hank Rhon”. Lo único evidente son los resultados: nadie parece haber ganado, aunque algunos perdieron más que otros.

En primer lugar, el ejército mexicano, que vistos los acontecimientos, ha quedado ante los ojos de buena parte de la sociedad, como una institución que ha sido utilizada para llevar a cabo el operativo político.Después de 1968 tuvo que pasar mucho tiempo para que el ejército recuperara el prestigio y legitimidad perdidas con su accionar durante el movimiento estudiantil de 1968 y que culminaría con la matanza de estudiantes el 2 de octubre. Hoy, que la estrategia del combate al crimen organizado ha llevado al ejército a las calles y a cumplir funciones para las cuales no está preparado, las acciones de violación a los derechos humanos en las que se ha visto involucrado, así como las muertes calificadas oficialmente como “daños colaterales”, han provocado un creciente deterioro de su legitimidad. Y eso es muy grave, pues en comparación con las policías, era la única institución que gozaba de credibilidad y respeto. El caso Hank ha dilapidado su capital y ha crecido la percepción de que actúa acatando órdenes por motivaciones políticas que incluso violan las garantías individuales. El saldo es que el temor social se ha incrementado y a la impotencia social se suma el coraje.

La PGR ha quedado también evidenciada en este lamentable caso. El “Hanckazo” en alusión al “Michoacanazo”, ha llevado a la conclusión generalizada que la fiscalía actúa por encima de la ley y atendiendo a dictados políticos. Paradójicamente, en medio de todas las inconsistencias e irregularidades de la detención de Hank Rhon, la jueza del noveno distrito, Blanca Evelia Parra Meza, ha logrado salvar la cara del maltrecho Estado de derecho. Su valiente actitud al desestimar las pruebas presentadas por la SIEDO y tomar la decisión de dictar auto de libertad, permite que socialmente se logre cierta credibilidad en la impartición de justicia. El problema es que ya la PGR se apresta a apelar la liberación y se desatará una campaña de desacreditación de la jueza para tratar de recomponer un poco la figura y el prestigio perdidos.

Pierden los partidos políticos, el PAN y el PRD. Salvo algunas excepciones, prominentes militantes festinaron la detención de Hank Rhon. En particular, para buena parte de la sociedad, la actuación del gobierno federal y del ejército se hizo para desbarrancar al PRI y su crecimiento rumbo a las elecciones del Estado de México y a la presidencia de la República. Pero los números de Luis Felipe Bravo Mena son desastrosos: su campaña sigue en picada y perdió más puntos en las preferencias de los mexiquenses durante la última semana. Carlos Navarrete y Alejandro Encinas hicieron lamentables declaraciones: justificaron la violación a los derechos y garantías individuales por el supremo objetivo de encarcelar a un adversario político.

El gobernador del estado y el procurador de justicia de Baja California, pierden y mucho. Primero por afirmar que nada sabían del operativo y luego por la decisión de apresar a Hank después de ser liberado por la jueza federal con el argumento de cumplimentar una orden de presentación y un arraigo, que a las 4 horas sería no ratificado por el juez primero de lo penal Un error gravísimo que sólo tiene soporte político. Pierden también algunos medios de comunicación y “analistas” convertidos desde hace tiempo en voceros oficiales. Asimismo quienes se frotaban las manos pensando en quedarse con la franquicia del Club de Futbol Xoloitzcuintles de Tijuana. Otros más porque demostraron que antes que el actuar de manera profesional los mueve el estómago. Escucho a Joaquín López Dóriga este día martes al entrevistar a la titular de la SIEDO, Patricia Bugarin, azuzándola para que actúe contra la decisión de la jueza del noveno distrito. La lógica es terrible y raya en el autoritarismo y en la demanda de supresión de la independencia del Poder Judicial: la decisión de la jueza al desestimar las pruebas de la fiscalía, significa que “no hizo bien su chamba” y que se convierte en “sospechosa”. Los jueces están para acatar y ratificar las órdenes del Poder Ejecutivo.

Y desde luego pierden quienes dieron la orden al ejército de actuar como lo hizo, al margen de la ley.