10.10.2005

Los derechos culturales en México. Una cuenta pendiente.

Por Lizeth García Peña
lizethgarciape@frontera.info

El mes pasado, exactamente el 4 y 5 agosto, se realizó el Foro hacia un Parlamento de Cultura, convocado por el Congreso de la Unión. Se discutieron temas importantes para todos: la reforma del artículo IV Constitucional, en el que se quiere incluir los derechos culturales; la iniciativa de una Ley General de Cultura; la separación de los asuntos que corresponden a la cultura de la educación; y, por último, la iniciativa de ley para el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).Fue un momento importante para la comunidad cultural, ya que esta consulta era de carácter nacional, que se hizo de manera simultánea en otras ciudades: Tijuana, Guadalajara, Cancún, Monterrey y Xalapa, con el objetivo de recoger las opiniones de los ciudadanos respecto a estas propuestas y para conocer las inquietudes de los que se dedican a trabajar en las distintas áreas de la cultura, según explicaron los diputados y senadores que estuvieron presentes en nuestra ciudad.

Debo ser sincera, esperaba que la comunidad cultural (como algunos se empeñan autonombrarse, ya que todos podemos caber en esa idea de comunidad cultural) estuvieran ahí cuestionando y haciendo propuestas, pero no, sólo unos cuantos, que se pueden contar con los dedos de las manos, ni siquiera el grupo que se ha erigido como el Foro Cultural Ciudadano, y en el que por esos mismos días se publicó en el semanario Bitácora (3 de agosto, num. 445) La razón de ser de este grupo: “Lo que el FOCUC persigue es potenciar las voces críticas y dispersas de los actores de la cultura tijuanense en un eco colectivo capaz de despertar conciencias y superar la indolencia de los sectores de la cultural oficial”. Pues no estuvieron para unificar las ideas y necesidades de los actores culturales, y no estaban porque, como les pasó a muchos, no se enteraron, y los que si supieron, simplemente no se presentaron por mil razones, pero acá entre nos, varios de los que pertenenecen a este grupo si tenían el conocimiento de este foro y desaprovecharon una buena oportunidad para cuestionar los asuntos que nos atañe a todos.

Mucho se discutió con esas pocas personas. Sólo dos presentaron ponencia: Rafael Rodríguez, coordinador de bibliotecas municipales, y Max Mejía, director de la revista mensual Arte de vivir, donde mostraron sus opinione sobre lo que debe pasar con los derechos culturales, la posibilidad de un organismo cultural independiente a la Secretaría de Educación y lo que debe pasar con Conaculta. Los demás participantes fueron invitados por los diputados de la Comisión de Educación y Cultura. Entre ellos, el investigador del INAH, Felipe Echenique, quien discutió su oposición de separar la educación de la cultura, además de que cuestionó sobre qué cultura se pretende legislar. Agregó que las reformas que se están impulsando, crearán problemas como el que los grandes monopolios, como Televisa o Telmex, se apoderen de las manifestaciones artísticas e incidan en las políticas culturales.

Otro tema que despertó gran revuelo entre los asistentes, es la iniciativa de ley para el Conaculta, ya que en su mayoría opinaron que era un monstruo burocrático, que no permite el desarrollo, ni mucho menos impulsa la creación artística. Este tema llevó a proponer un organismo autónomo, tipo IFE, en el que hubiera una incidencia ciudadana y que las políticas implentadas por este organismo, no fueran afectadas por los gobiernos en turno.

Mucho se puede pensar y meditar sobre la posibilidad de una ley general de cultura y un organismo autónomo, ya que son muchos puntos que se deben analizar para dar este gran paso que, desde muchos ángulos, traería beneficios para el desarrollo cultural, pero este paso debe ser cauteloso, ya que implicaría tomar en cuenta las leyes existentes como la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas; la Ley de Radio y Televisión, por aquello de obligar a los medios a dedicar segmentos para las manifestaciones culturales, y en esta sí habría un debate entre los interesados, ya que no ha sido muy fácil trabajar en este rubro, por los monopolios que no permiten dar un paso que no tenga ningún beneficio a su favor; así como aquellas que protegen los usos y costumbres de los grupos indígenas de nuestro país; entre otras leyes.Inclusión de los derechos culturales a la Constitución.

Enseguida sintetizo la lectura de los motivos para hacer la reforma al Art. IV Constitucional, que hizo el diputado por el PRD, Inti Muñoz Santini, de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados, en este foro cultural.“La cultura, entendida como el repertorio de ideas, símbolos, valores, normas, obras artísticas, artefactos, formas de producción y dispositivos de la memoria que una comunidad crea y usa, es un recurso para que las personas y las comunidades definan su identidad, sus problemas, reuelvan sus diferencias y puedan elegir sus alternativas”, define como primera instancia el término de cultura.

“La Constitución debe establecer la obligación del Estado de promover la creación, debate y difusión cultural, y el Estado está obligado a garantizar la libertad de expresión, creación y disfrute de la cultura”. En este punto, el documento centra su atención en lo que respecta a la difusión de las manifestaciones culturales a través de los medios masivos de comunicación, en el que el Estado intervendría como una garantía de la diversidad de las distintas propuestas.

Referente a los derechos culturales, la exposición de motivos para adicionarlo al Art. IV de la Constitución, se basa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; en la Declaración de Principios de Cooperación Cultural Internacional de 1969. En estos documentos se concluye que el derecho cultural “abarca la regulación y organización de: a) la creación cultural y el derecho a la libertad de las ideas, b) la recepción cultural (el derecho a la educación y el derecho a la información) y c) la transmisión cultural o sea el dereecho de la publicación y el derecho a la ibertad de opinión.“Su normatividad jurídica”, se reconoce en el texto, “es muy amplia y compleja pues incluye la regulación jurídica de educación (pública y privada) en todos sus niveles, la conservación del patrimonio artístico y arqueológico y, más aún, la preservación del patrimonio cultural de los pueblos, la difusión cultural, el fomento a la ciencia, el régimen legal de los medios de comunicación, derechos de autor”, etcétera.

Legislar los derechos culturales no va a ser una tarea fácil, se requiere, como se reconoce en el documento, hacer una serie de reformas y reestructurar las leyes existentes para que realmente se respeten los derechos culturales de los mexicanos y se hagan valer, a la hora de ser plasmados en la Constitución.En el documento se comenta la pertinencia de incluir los derechos culturales en el Art. IV y no en el III, como pudiera pensarse, ya que el “contenido en el segundo numeral mencionado, es una garantía social, referida a las materias laboral y agraria, y el derecho a la cultura es un derecho difuso, esto es, que se integrarían es un sólo precepto constitucional una obligación del Estado y un derecho subjetivo público”.

Por último, la propuesta del enunciado para agregar al artículo en cuestión: “Todo individuo tiene derecho a la cultura, al disfrute de la creación cultural y de los bienes culturales. La ley promoverá el acceso y participación a cualquier manifestación y expresión cultural tangible e intagible. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural y conpleno respeto a la libertad creativa y a las leyes de la materia”.

Pese a que fue muy poca la asistencia, cada quien, desde su perspectiva, opinó sobre las necesidades por definir cultura; la adición de los derechos culturales; separar la educación de la cultura, en este rubro, muchos se mostraron a favor de esta idea, ya que si hay una necesidad de que la SEP deje el monopolio de la cultura, ya que no hace un trabajo digno de lo que el país requiere en esta áea.

Pensar en la Educación.

Publicado en Entre Líneas, num. 5
Por David Bautista Toledo

Dentro de cada sistema social existen diversas rutas y vías mediante las cuales viaja el conocimiento. La educación es una de las estrategias de cohesión sociocultural con mayor rango y espacio para la distribución del conocimiento. Es, de hecho, la institución legitimada para tal fin. La conducta de los ciudadanos depende paralelamente de una buena socialización, de una óptima clasificación y repartición del conocimiento. Una sociedad funcional requiere que el conocimiento se distribuya a velocidades y ritmos constantes, pero que también sea expansivo el movimiento; esto es, generar mecanismos que posibiliten la tarea de democratizar el acceso al conocimiento. Desafortunadamente los espacios por los que transitamos en el contexto social están determinados por el poder adquisitivo; quienes poseen mayor riqueza poseen también de más libertades para el movimiento y recorrer con mayor facilidad los mapas y geografías urbanas; quienes carecen del factor económico ven reducidos los espacios y las facilidades para transitar por las diversas rutas que conforman el esquema social. Es así como la educación reparte inequitativamente el conocimiento. No todas las partes del sistema social tienen la oportunidad de penetrar el espacio institucional educativo. Si a esto le aunamos la condición parcial de la práctica educativa la perspectiva se nos presenta con amplios márgenes de complejidad: dentro de las prácticas pedagógicas en las instituciones educativas el conocimiento que se aprehende está filtrado por distintos dispositivos organizacionales y administrativos que regulan el contenido de información necesaria para cumplir las finalidades funcionales social e institucionalmente. Dicho de otra forma: la educación no enseña todo ni es para todos.Es por ello que se requieren de nuevas formas y métodos para diseñar estrategias más incluyentes y participativas en la construcción de conocimiento, con el propósito de configurar nuevas oportunidades y posibilidades de transformación social. La educación edifica y construye certezas, su responsabilidad social y cultural es la de proveer estabilidad y equilibrio para el funcionamiento adecuado del sistema social. La preocupación reside cuando dejan de cuestionarse la finalidad y la naturaleza del conocimiento ofrecido. Una sociedad que deja de cuestionarse a sí misma tiene poca posibilidad para optar y decidir las nuevas realidades que se gestan en la potencialidad del presente. La educación reduce la complejidad y construye un mundo de muchos posibles, quizás deberíamos comenzar por enseñar y comunicar que desde lo social el orden es una ilusión…

La Universidad ¿al servicio de quién?

publicado en Enter Líneas, núm. 5
Por Ricardo Mendívil
La universidad al servicio de la comunidadDentro de sus planes de desarrollo nuestra Universidad se plantea la tarea de servir a los intereses de la comunidad bajacaliforniana, pero ¿Quiénes conforman esta comunidad? A lo largo de este ensayo trataremos de precisa a quienes sirve el actual modelo de universidad.

Desde la caída del Muro de Berlín ideológicamente se ha impuesto un realismo pragmático optimista que podemos ver cristalizado en la obra de Francis Fukuyama en El Fin de la Historia. Se nos promete un futuro transparente donde ya no hay oposición ideológica, donde el individuo puede realizarse plenamente. Esta visión, muy cercana a las instituciones norteamericanas, es una visión totalitaria, pues concibe el presente como el espacio necesario para la realización plena de sus propios ideales y no permite ninguna divergencia. ¿Al servicio de quién están las universidades hoy en día?

El Papel de las Universidades
Cuál ha sido la función tradicional de la Universidad. Ha sido muy diversa, desde ser el lugar donde la burguesía reproduce sus cuadros técnicos e ideológicos hasta un campo de batalla ideológico entre concepciones divergentes de la sociedad. Como quiera que sea, la lucha ideológica siempre ha estado presente en las universidades y hoy más que nunca debe hacerse patente esta lucha ideológica que las misma Universidades pretenden esconder detrás de discursos triunfalistas de calidad y valores.

También hay que tener mucho cuidado de no caer en el falso extremo opuesto. La mera democratización de la educación no es la solución a los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Cómo hemos visto la ilustración que trae consigo la educación no ha sido suficiente para romper con las inercias del poder en nuestro siglo. Podemos considerar que el pueblo alemán del tiempo nazi, era un pueblo educado, o podemos pensar que el pueblo norteamericano, con su cultura pop, carece por completo de una buena educación. Sin embargo, encontramos un sistema educativo fuerte en EUA. En concreto, la educación tampoco es la panacea de la democracia y justicia en nuestro país. El hacer llegar buena educación a la mayoría de la población, también depende en lo que consideremos “buena educación”. Una educación basada en el modelo humanista difícilmente arraiga en la población que ha tenido una formación popularesca, o que está fuertemente influenciada por los medios masivos de comunicación y, naturalmente, parecerá como un desperdicio para una sociedad obsesionada con la riqueza material. Pero si consideramos “buena educación” tener una formación centrada en la administración entonces lo único que hacemos es reforzamos los esquemas del mercado, no sólo en el ámbito productivo, sino también en el ámbito de la sociedad civil.

¿Qué es la privatización?
Hay un viraje en cuanto a los paradigmas en la educación. Se sostiene hoy en día que las crisis económicas que sufrimos son, en parte, de un poder excesivo otorgado a los sindicatos, esto es, que las luchas laborales habían ganado demasiado para los trabajadores, y por consecuencia se hacía poco con mucho dinero. Los neoliberales ofrecen un esquema para salir de las recurrentes crisis del capitalismo, la privatización y globalización.

Los procesos de privatización son procesos de racionalización, que apuntan a una sociedad totalmente administrada, donde se pueda hacer más con menos recursos. Este totalitarismo se ofusca ideológicamente dentro de la noción pragmática de que el capitalismo ha triunfado y no existe ninguna otra opción. La privatización es la tesis de que el mercado y las empresas en su afán de lucro pueden administrar mejor todo, inclusive la educación. Se considera que toda empresa regida por el Estado es ineficiente y obsoleta. Sin embargo, hay que considerar que este nuevo mundo tecnológico, en el cual las instituciones regidas por el Estado son ineficientes, es un mundo creado por las corporaciones multinacionales que imponen sus demandas al Estado y la comunidad misma. A través de este paradigma se pretende transforma al sujeto racional de la ilustración en un consumidor informado.

El espacio público es donde la comunidad puede discutir y dialogar sus asuntos. Poco a poco, el nuevo proyecto de Universidad ha ido destruyendo este espacio privatizando parcelas de la institución misma. En el caso de la UABC vemos este proceso en Sorteos Universitarios, la renta de los estacionamientos, en la concesión de locales en el centro comunitario, en la realización de eventos pro-empresariales, en el constante aumento de cuotas, el CENEVAL, ISOs, y otras más.Si la misión de la universidad es la de brindar oportunidades de superación profesional a todos, además de propagar la investigación y la cultura, entonces nuestra Universidad está haciendo un terrible trabajo. La gran mayoría de la población en nuestra ciudad es pobre, no tiene todas sus necesidades básicas satisfechas, y la Universidad, que es una institución al servicio de la comunidad, no está interesada en abatir la pobreza de las mayorías, ni en brindar oportunidades reales a los grupos marginados. Su principal interés es el desarrollo de empresarial, como podemos ver en la gran mayoría de las políticas que aplica.

Nuestra universidad pretende ocultar el hecho de que es elitista y está al servicio de la clase empresarial detrás de un huero discurso de Calidad y Valores. ¿Quiénes son los que pueden estudiar? ¿acaso los hijos de los trabajadores tienen que luchar dos o tres veces más para lograr los mismos resultados que un estudiante promedio? La paulatina privatización de las universidades responde a una problemática muy concreta: la racionalización de los recursos, atender las demandas del sector productivo y la explotación de un mercado antes no aprovechados. La resolución de estos problemas no trae consigo necesariamente la disminución de la pobreza, la justicia social y el desarrollo de la cultura y la investigación.

Proletarización de la ciudad.
El pobre es quien carece de medios para insertarse plenamente a la vida social, pero lo que aquí debe analizarse es qué es esta “vida social”, cómo está construida y a quién favorece en un sentido sistemático y funcional. ¿Qué tiene de malo este planteamiento si tan sólo es ponerse a la altura de los tiempos, es ser inteligente, dejar los residuos caducos del pasado y aceptar la incuestionable marea del mercado?

La idea de que el futuro de la humanidad está en la visión mercadológica, llega a ser peligrosamente totalitaria. Se nos propone un futuro mejor a través del libre mercado, del corporativismo y de la empresa considerándolos medios concretos de “desarrollo humano”. Inclusive la noción que se ha forjado hoy en día de democracia, es un remedo de la idea misma del mercado. Se nos ha hecho creer que la única manera de salir de la pobreza es mediante la actualización y modernización de nuestras herramientas profesionales, sin darnos cuenta que es el proceso mismo el que sigue generando pobreza y desigualdad. Las grandes inversiones que se hacen en la actualización y modernización de la infraestructura e insumos, no están hechas para beneficiar a la comunidad en su totalidad, sino para beneficiar a ciertos mercados y a algunos sectores productivos. A veces parece cínica la tesis de que todo esto beneficiará a todos los estratos de la sociedad por medio de una derrama. Esta tesis lleva más de 200 años tratando de convencernos. En este sentido, en el fin de las ideologías encontramos el nuevo totalitarismo, donde sólo hay una posibilidad, una sola manera de administrar, y todo aquello que no esté en sintonía está condenado a desaparecer a ser descontinuado. Así mismo, el corporativismo también es una ideología totalitaria, donde una sociedad debe estar totalmente regulada por los mecanismos empresariales y de mercado, incluso el arte, la teoría y la felicidad.

Privatización de la educación.
Se habla de la difusión del conocimiento a través del libre mercado como si el intercambio o quehacer comercial dejara como residuo conocimiento benéfico. Por ejemplo, la revista electrónica de la UNESCO Education Today, en un artículo titulado Higher Education for Sale (Educación Superior a la Venta) discute los pros y los contras de la privatización en masa de ésta: “Students are now consumers, free to choose the best course they can find in a 'market' that has become world wide”(1). Que un organismo de esta envergadura no se sonroje ante tales propuestas nos señala la relevancia mundial de estas políticas. En nuestro caso local, este actuar a través de los mercados “libres” deja maquiladoras y un espacio que se llena poco a poco de una homogeneidad cultural occidental; determina nuestro desarrollo con base a intereses ajenos a nuestra comunidad en la cual, los intereses propios se pierden detrás del discurso del desarrollo y del progreso económico. Perdemos de vista que, por ejemplo, nuestra ciudad, a pesar de su “renacimiento cultural” sufre graves deficiencias en materia educativa. Esto lleva a la siguientes pregunta ¿determina la economía a la educación? Afirmamos que sí. No sólo por las estadísticas o análisis de prominentes pensadores como Heinz Dieterich(2), sino por un fenómeno que se ha dado en los discursos post-ideológicos. Por mucho tiempo se atacó a concepciones como la marxista, acusándola de reduccionismo económico, por pretender reducir todo ámbito de lo humano a un principio económico. Esta interpretación, mejor conocida como marxismo vulgar reflejaba un miedo del hombre a reconocer que podía ser objetivado en la economía. Sin embargo, desde la caída del Muro de Berlín el discurso vuelve al economicismo, pero ahora envuelto en un aura de libertad, progreso, desarrollo: “Economicismo. Consiste en el predominio determinante de la dimensión civil de la vida social la que constituye a los individuos como burgueses o propietarios privados- sobre la dimensión política misma la que personifica a los individuos como ciudadanos o miembros de una república”(3). Los factores administrativos son ahora centrales en toda institución, inclusive primordiales como se puede ver en el caso de nuestra Universidad. No es de extrañarse que el mercado sea la instancia suprema en nuestros tiempos. Se nos plantea que el conocimiento y el desarrollo-progreso económico se determinan el uno al otro conforme van avanzando, incluso nos llegan a sugerir, expertos e instituciones que el conocimiento social que poseemos ha superado toda visión anti-capitalista, y que esto, a su vez se refleja en le progreso de los países que han asumido este saber. No es extraño que sean estas posturas de corte pragmatista, utilitarista. ¿No será al revés? que nuestro conocimiento fragmentario, relativo, efímero, inconexo es un reflejo de cómo la «cultura comercial» ha determinado los objetivos de las instituciones educativas, a través de los mercados y los discursos de progreso y desarrollo. El término del mercado es un término espurio ambiguo, metafísico, que no muestra su concreción más que en cifras de ganancias o pérdidas. Los indicadores de los mercados no nos dicen objetivamente las preferencias de los consumidores, aislados de todo contexto social, sino únicamente muestran la capacidad de elección de grupos de individuos impuesta por las mismas estructuras dominantes.

Prospectivas
La educación es una Institución Social y no debe ser manejada con una visión empresarial. De no ser así perdemos el rumbo hacia la emancipación ideológica y social. La Universidad debe ser un espacio público por excelencia donde la libre discusión de ideas se pueda dar. Donde nuevos paradigmas sociales puedan ser planteado y estudiados libremente con miras de beneficiar a toda la sociedad. La privatización no es un camino inexorable para la educación, las Universidades deben resistir este proceso ofreciendo alternativas, esto es, apoyando proyectos de investigación diversos, permitiendo la plena libertad de expresión y de cátedra, ayudando a que los jóvenes de escasos recursos puedan ingresar y mantenerse dentro de la Universidad.

A final de cuentas ¿qué es más importante, que haya Internet en las escuelas en vez de apoyar a estudiantes de bajos recursos? ¿A quién beneficia esto?

Notas:
(1)http://www.unesco.org/education/education_today/today03.pdf “Los estudiantes son ahora consumidores, libres para elegir el mejor curso que puedan encontrar en un 'mercado' que se ha hecho mundial”. Traducción libre.
(2) “La esencia política-ideológica del proyecto económico-educativo de la globalización es el binomio: desarrollo económico sostenible desarrollo humano sostenible, con la obvia primacía de lo primero sobre lo segundo”. Heinz Dieterich. “Globalización y Educación: la ideología” en La Sociedad Global: educación, Mercado y democracia. 6ta. Reimpresión. Edit. Contrapuntos, México, 1998, p. 102.
(3) Bolívar Echeverría. Las ilusiones de la modernidad. UNAM /El Equilibrista, México, D.F., 1995, p. 155.

La inteligencia “domesticada”.

Publicado en Entre Líneas, num. 5
Por Fausto Ovalle

"Intelectual es el escritor, artista o científico
que opina en cosas de interés con autoridad
moral entre las élites."
Gabriel Zaid

Una revisión de las notas publicadas en los diferentes medios impresos de comunicación, nos permite conocer que la mayoría de las declaraciones en relación de las regasificadoras proviene de la ciudadanía y poco de los sectores académicos tan importantes en el estado, agrupados en la UABC, el Colegio de la Frontera Norte y el Cicese.

La actitud que ha asumido la mayoría de la “inteligencia” científica -subrayo mayoría, más no toda- demuestra, si no una simpatía con los proyectos de las transnacionales, un miedo a contradecir a las autoridades de los tres niveles de gobierno, que desvergonzadamente muestran su respaldo a esos proyectos, no importando la opinión de la gente o que estén en contra de la normatividad local.

La “inteligencia” ha determinado desviar de su razonamiento este tema, porque pareciera que en estos tiempos de crisis prefieren no quedarse sin empleo por criticar decisiones de gobierno, gobierno que les otorga muchas veces más del 90% de su salario.

Deciden guardar silencio a manifestar e informar a la comunidad de las causas negativas que provocarán esos proyectos en las costas de Baja California.

Los ciudadanos, que carecen de los conocimientos necesarios para descubrir los impactos negativos de las regasificadoras en la naturaleza, se vuelven científicos por fuerza para sustituir la labor de estos investigadores que de manera cómoda miran el mar desde sus oficinas de privilegio. El no contradecir a las autoridades es una mordaza, pero existe otra.

Las empresas Sempra Energy, Shell, Chevron Texaco y Moss Maritime han pagado estudios a las instituciones académicas, que al parecer por la falta de transparencia de las investigaciones han servido para avalar los proyectos de las transnacionales.

No podemos decir que las compañías han vuelto millonarios a los centros de investigación, ya que las sumas que han aportado y donado son de alrededor de 2 millones de pesos para el Cicese y 5 millones para la UABC. Lo grave de los contratos de los estudios entre las empresas y las instituciones es que tienen un periodo de confidencialidad de al menos tres años, esto quiere decir que si existen anomalías en las regasificadoras las conoceremos cuando ya cuenten con el 100% de los permisos para poner en riesgo ecológico y contaminar visualmente uno de los corredores costeros turísticos más importante del estado, país y mundo.

Para la inteligencia estúpida esto no importa. Lo que sí importa son sus intereses particulares y no los generales. Sólo alzan la voz, y pagan hasta desplegados en periódicos, como el caso del Cicese, cuando sus intereses salariales son afectados, cuando no reciben una beca o cuando los despiden. Mientras el resto del mundo ajeno a sus intereses puede llevar una trayectoria destructiva.

El caso del CiceseDesde el 2002, el Cicese ha realizado 8 investigaciones solicitadas por las empresas Chevron-Texaco, Sempra Energy y Shell. Los proyectos que ha realizado el centro de investigaciones abarcan monitoreos de datos oceanográficos, variaciones fisicoquímicas estacionales del agua de mar y estudios adicionales para la localización de fuentes de rocas para la construcción de un rompeolas.

Además evaluación de los mantos de sargazo y sus principales comunidades bióticas asociadas y estudios preliminares relacionados con la instalación de una terminal flotante de regasificación de gas natural licuado. Los lugares donde han realizado las investigaciones son en Costa Azul, a 28 kilómetros al norte de Ensenada, y en Islas Coronado, frente al municipio de Playas de Rosarito.

De acuerdo a un informe de actividades de la Dirección de Vinculación (ahora Dirección de Innovación y Desarrollo) del Cicese, el centro de estudios cobró 110 mil 646 dólares (1 millón 217 mil 106 pesos) por la realización de cinco proyectos.

El documento detalla que por la investigación de las variaciones fisicoquímicas estacionales del agua de mar frente al predio Costa Azul, solicitada por Shell, cobraron 199 mil pesos. Agrega que el proyecto de monitoreo de datos oceanográficos, tramitado por Sempra Energy, tuvo un costo de 200 mil pesos.

Por los estudios adicionales para la localización de fuentes de rocas para la construcción de un rompeolas frente al predio Costa Azul, solicitado por la misma empresa, cobraron 47 mil 900 pesos.

Uno de los proyectos por los que ha obtenido más recursos el Cicese es por los estudios preliminares relacionados con la instalación de una terminal flotante de regasificación de gas natural licuado, el cual tuvo un valor de 410 mil pesos.

También destaca la evaluación de los mantos de sargazo y sus principales comunidades bióticas asociadas, frente al predio Costa Azul, que costó 389 mil pesos.

El centro de investigaciones también ha realizado una investigación más a Shell y dos a Chevron Texaco.

El jefe del departamento de proyectos especiales y propiedad intelectual de la Dirección de Innovación y Desarrollo, Carlos López Hernández, explicó que el costo del proyecto de Shell es información confidencial, por lo que no podría revelar la información.